La fórmula parece aprendida a la perfección. La economía va mal, es culpa de Correa. Hay conflicto en la frontera, la culpa es de Correa. Hay militares que entregan armas al grupo de alias Guacho, la culpa es de Correa. Los trabajadores están impagos, la culpa es de Correa. El paro es culpa de Correa.

El pasado, 1 de octubre del 2019, el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional anunció el envío de reformas tributarias y laborales a la Asamblea, además del alza de todos los combustibles de uso diario.

Esto a pesar que en 2017 el mismo primer mandatario aseguró que no se iban a dar estos recortes.

Todas estas decisiones llegan una vez que el país firmará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD$ 4,5 mil millones de dólares.

El alza de los combustibles ha generado una fuerte reacción de sectores gremiales y sociales que consideran que la medida afectará la ya golpeada economía popular.

Los gremios de transportistas paralizaron sus actividades a la vez que pobladores y estudiantes realizan manifestaciones de protesta en distintos puntos del país.

El gobierno se vio obligado a suspender las actividades escolares, a la vez que, en los hechos, hay una paralización de las actividades económicas, hay represión policial y está alterada la vida cotidiana.

En primera instancia, el Gobierno ecuatoriano estaba obligado a aprobar estas reformas para que el FMI desembolse USD$ 250 millones al país.

Sin embargo, lo que en verdad busca la entidad financiera internacional es cambiar el modelo económico en todo el país, pretendiendo que el neoliberalismo se haga irreversible.

Además, el presidente Lenin Moreno y su gabinete, han decidido reducir a la mitad el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) que fue creado para evitar la fuga de capitales y proteger la dolarización. Pero el Gobierno ecuatoriano se escuda en la idea de entregar “mejores condiciones” para el emprendimiento.

Por otro lado, el Ejecutivo tiene previsto enviar a la Asamblea Nacional un proyecto económico de carácter urgente, que incluye la flexibilización de las relaciones laborales, en otras palabras, la precarización del trabajo. La reforma laboral contempla extender el plazo para los contratos de prueba y flexibilizar la jornada laboral de 40 horas semanales, para que pueda ser repartida de acuerdo a las exigencias de las empresas.

De este modo, el gobierno de Lenin Moreno accede a los deseos y exigencias del FMI que propuso un cambio a la jornada laboral, dejando de lado la vieja conquista del movimiento sindical: “8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso”. Según el gobierno la medida generará empleo pero, en el fondo, esta decisión beneficiará a los empresarios que ya no deberán pagar horas extras tanto en los días normales como los fines de semana. Al final del día las empresas pagan menos y consiguen 6 días laborales en los horarios que ellos deseen.

Dado el aumento del subempleo y desempleo en Ecuador en estos años, la población no tendrá más remedio que aceptar las condiciones retrógradas de una jornada que podría extenderse a 12 horas diarias, y contratos parciales de trabajo sin los beneficios que hoy cuentan los trabajadores como estabilidad y otros beneficios sociales.

Pero detrás está el FMI buscando que los empresarios obtengan facilidades de contratación y que los grandes grupos económicos tengan las de ganar. Mientras tanto el presidente, escudándose en el emprendimiento, asegura que el trabajo infantil significa desarrollo y que se acabó el empleo en el sector público, vanagloriándose de haber despedido a 25.000 empleados. Como si no fuera poco, excusándose en la crisis y la falta de recursos, propone rebajar en un 20% los sueldos de los empleados públicos con contratos ocasionales La pregunta es ¿Qué pasó con los derechos constitucionales y los derechos de los trabajadores?

Y como cereza del pastel, el Presidente Moreno decide liberar los precios de los combustibles, sin pensar en el transporte, producción, agricultura y la posible especulación e inflación que esto podría generar. Una vez, más la población debe hacerse cargo de una acuerdo firmado con el FMI sin consultar a nadie.