Habrían 16 puntos que están en contra de la normativa constitucional y legal del país. La corte tiene 10 días para convocar a la audiencia pública.

Pablo Dávalos, a nombre del Observatorio de Economía Alternativa y Heterodoxa, presentó ante la Corte Constitucional (CC) una demanda de inconstitucional a los actos administrativos y de la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el país concretó en marzo de este año.

“Hemos detectado alrededor de 16 grandes temas que incumplen el texto constitucional y las leyes ecuatorianas”, afirmó el economista, quien junto con la demanda entregó como anexos varios estudios de cada uno de los puntos que contiene la carta y que serían inconstitucionales.

Se planeta que se declare la inconstitucionalidad del método por el cual el FMI cuantifica el déficit fiscal; de todas las reformas tributarias que propone el organismo internacional en la carta de intención; de la pretensión de independencia del Banco Central; la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas; el coeficiente de liquidez doméstica; prohibición de que el Banco Central pueda utilizar la liquidez monetaria, entre otros aspectos.

El economista considera que si el país aplica el acuerdo con el FMI, el esquema de dolarización estaría en riesgo, porque el pacto debilita la balanza de pagos al eliminar el coeficiente de liquidez doméstica y el impuesto a la salida de divisas, con lo que se dará una fuga de capitales.

En tanto, Angélica Porras, abogada del Observatorio, explicó que la Corte Constitucional tiene diez días, luego del sorteo de la causa para que convoque a la audiencia pública a la que deberán ser citados, el ministro de Economía, Richard Martínez; la gerente del Banco Central, Verónica Artola; y, el Comité de Deuda y Financiamiento, representado por el presidente de la República, Lenín Moreno o su delegado, y luego emitir sentencia.

Afirmaron que si la Corte Constitucional no da paso a la demanda de inconstitucionalidad, irán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a Naciones Unidas para evitar que se siga aplicando la Carta de Intención con el FMI.

FUENTE: EXPRESO