La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, denunció, ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga los hechos registrados durante las protestas realizadas en octubre, que la intención del gobierno y los grupos detractores es arrebatarle la Prefectura de Pichincha, que la ganó en las urnas.

Pabón, quien llegó con esposas en sus muñecas, compareció ante esta comisión de la legislatura para decirles que su acusación por el delito de rebelión es parte de una persecución política, que pretende desconocer la voluntad popular que la eligió como prefecta del Gobierno de Pichincha.

Dijo que la Fiscalía no necesitaba un acto urgente, ni allanar su domicilio, por lo que solicitó que se cambie su medida cautelar de prisión preventiva por el uso de un grillete, con el fin de presentarse a trabajar en la Prefectura.

“Que me coloquen todos los grilletes y me dejen presentar en mi lugar de trabajo; no le quiten al pueblo lo que entregó en las urnas”, mencionó.

Reiteró que su caso, al igual que el de sus compañeros Virgilio Hernández y Christian González, recaen en una persecución, para la cual se está judicializando la política.

Comentó que su cargo es producto de elección popular y que apenas le dan 60 días para presentarse a trabajar, cuando la instrucción fiscal en curso dura 120 días. Con ello dejó en claro que la intención sería quitarle la Prefectura.

“No me he levantado en armas para que me acusen de rebelión”, precisó, al señalar que el Gobierno le cuestiona junto con sus coidearios de haber promovido acciones en contra del régimen durante las manifestaciones del 1 al 14 de octubre.

“Que nadie se engañe, es una persecución política solo por el hecho de ser correístas”, exclamó y agregó que las protestas de octubre fueron producto de la diversidad, debido a que la gente cuestionó una medida dictada por el Ejecutivo que afectaba a todos.

“Estas manifestaciones no necesitaban haber sido lideradas por ninguna organización social o política, porque fueron lideradas por el pueblo”, aseveró.

Cuestionó a los asambleístas de por qué no están procesadas otras autoridades como el Prefecto del Azuay y la Alcaldesa de Guayaquil. “Ellos tienen derecho a manifestarse, pero no están presos porque no son correístas”, especificó.

Fuente: Pichincha Universal, Asamblea Nacional, Bancada de la Revolución Ciudadana, redes sociales