El pasado 10 de septiembre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció que se habría dado un perjuicio de USD 532 millones a los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), por inversiones realizadas entre los años 2014 y 2016.

Sin embargo, en días posteriores han aparecido elementos contradictorios que echarían abajo la tesis del presunto perjuicio millonario, atribuido al gobierno anterior.

De acuerdo con documentos del propio ISSPOL, las inversiones no solo se realizaron en el periodo denunciado, sino también en el gobierno de Lenin Moreno, con una cifra de USD 346 millones.

De ese monto, los valores más altos se negociaron en la gestión de María Paula Romo, como ministra de Gobierno y Policía, entre agosto de 2018 y lo que va de 2020, por USD 155,5 millones. Mientras que en la administración de los exministros César Navas y Mauro Toscanini, las inversiones fueron de USD 190,5 millones.

De acuerdo a la denuncia del gobierno, la primera inversión fue por USD 216 millones con la compañía High Yield Bond Funding Corp (HYBF), por intercambio de bonos de deuda interna; y la segunda por USD 205 millones con Investments and Bussines Group S.A. (IBCORP), por compra de bonos de deuda externa ecuatoriana.

HYBF e IBCORP están domiciliadas en Panamá y su representante legal es Jorge Chérrez Miño, quien, según la ministra de Gobierno, salió del país en junio pasado.

Sin embargo, la última reunión que mantuvo Chérrez con directivos del ISSPOL fue el 31 de julio pasado, a la que también asistió Luis Álvarez, gerente de Operaciones de Decevale, la empresa que actuaba como custodia de las inversiones del seguro policial. Así consta en un informe de la Dirección Económica Financiera del ISPOL enviado el 14 de agosto al director de ese organismo, Jorge Villarroel.

Además, Chérrez aseguró en una entrevista con el medio digital La Posta que la versión del gobierno es una “falacia”, al señalar que los fondos del ISSPOL fueron transferidos, entre septiembre y octubre del año pasado, a las cuentas del ministerio de Finanzas para gasto público.

Chérrez calificó como un atraco del gobierno, la apropiación de los recursos policiales y aseguró que las inversiones fueron firmadas por María Paula Romo, desde el inicio de su gestión. Romo negó esas aseveraciones y calificó a Chérrez como un hábil estafador y vendedor de humo.

Otro hecho que llama la atención es que la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el ministerio de Finanzas son accionistas de Decevale, empresa que fue intervenida el pasado 18 de septiembre y que actuaba como custodio de los USD 532 millones invertidos en HYBF e IBCORP.

Según el portal de la Superintendencia de Compañías, la CFN tiene acciones por USD 400.000 en la casa de valores del Pacífico S.A., la que a su vez es accionista de Decevale. También tiene acciones directas por USD 13.637. Mientras que las acciones del ministerio de Finanzas en Decevale suman USD 31.099.

Otros de los principales accionistas de Decevale son las bolsas de valores de Guayaquil y Quito, y las casas de valores Adufin, Valve, Maint, Casareal, Santafé Valores, Silvercross y Vencasa.

Es decir, los accionistas son importantes empresas públicas y privadas, por lo que las inversiones del ISSPOL debieron estar garantizadas.

Una inconsistencia adicional tiene que ver con un informe jurídico del ISSPOL en el que se asegura que la institución presentó el pasado 07 de agosto una demanda penal por peculado en contra de Jorge Chérrez, y de los ex directivos del ISSPOL David Proaño (exdirector general), John Luzuriaga (exdirector de riesgos) y Rafael Nuques (exvocal).

Sin embargo, en la Fiscalía General no consta ninguna denuncia en contra de las mencionadas personas.

El general David Proaño se desempeñó como director del ISSPOL entre los años 2015 y 2019 y actualmente ocupa la función de director nacional de Planificación de la Policía Nacional.

El escándalo por la supuesta estafa a los fondos del ISSPOL desvió la atención de otros temas en los que se involucraba a María Paula Romo, como el reparto de los hospitales públicos.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.