«Este pseudo activista (Balda) ha manejado a la Justicia a su antojo, con el apoyo de Lenín Moreno», dijo el exagente de seguridad Luiz Raúl Chicaiza.

Luis Raúl Chicaiza, exagente de inteligencia de Ecuador, dijo este lunes que el ‘Caso Balda’, que se lleva a cabo en el país en contra del expresidente Rafael Correa, se armó en base a «presión política».

El ‘Caso Balda’ es el referente al presunto secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda, ocurrido el 13 de agosto de 2012, en Bogotá, Colombia. Este hombre fue raptado en una calle del barrio Cedritos, en el norte de la capital colombiana, luego de que una camioneta frenó a su lado y varios hombres lo subieron a la fuerza. Según la Fiscalía de ese país, el secuestro duró aproximadamente una hora, gracias a que un taxista que vio la escena llamó a la policía y se inició de inmediato una persecución. Ante la insistencia policial, los captores abandonaron el vehículo con el secuestrado dentro y escaparon.

Balda responsabilizó de este hecho a Correa y el 23 de enero de 2018, a casi un año de que el exmandatario dejara la Presidencia, se reabrió el caso, pese a que ya había prescrito en agosto de 2017.

Chicaiza fue uno de los principales testigos del caso. Al momento del presunto rapto era miembro activo de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía de Ecuador. En el proceso, fue clave, junto a la exagente policial Jéssica Falcón, en la imputación de Correa.

Chicaiza y Falcón fueron detenidos en 2018 y en el caso se acogieron al programa de cooperación eficaz. Según su testimonio, a cambio de esa cooperación debían involucrar a personas de «un nivel jerárquico superior».

«Por varias ocasiones nos sacaban de los centros de rehabilitación social, clandestinamente, con el fin de presionar que se involucre, con nuestro testimonio anticipado, a altos mandos jerárquicos y del exejecutivo, economista Rafael Correa; únicamente así, nos otorgarían la cooperación eficaz», contó Chicaiza.

Bajo esa cooperación, le ofrecieron «una pena máxima de nueve meses y beneficios del programa de testigos protegidos», como la oferta de Fiscalía de darles «una nueva identidad y salida del país, reinserción laboral y económica», inclusive cargos públicos para sus familiares, porque claramente —dice— estaban «involucrando a un exmandante y líder político regional».

Manifestó que las autoridades no cumplieron con estos beneficios, sino que, por el contrario, hubo en su contra «amedrentamiento, amenazas, chantajes, extorsión por entes del Gobierno».

Moreno y otros políticos

Chicaiza asegura que las presiones políticas en este caso involucran al presidente Lenín Moreno, al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio Julio César Trujillo —quien falleció en mayo de 2019— y al exconsejero presidencial Santiago Cuesta.

«Este pseudo activista (Balda) ha manejado a la Justicia a su antojo, con el apoyo de Lenín Moreno», enfatizó el exagente de inteligencia, y señaló que el mandatario es quien le «ha dado fama» al político ecuatoriano.

Señaló que Moreno se reunión con Balda en la provincia de Esmeraldas, en la región Costa de Ecuador, donde se trató el caso.

Nexos de Balda en Colombia

Balda se encontraba en Colombia un par de años antes del supuesto rapto, siendo prófugo de la Justicia de Ecuador, luego que se le dictara una condena de dos años de prisión por el delito de injuria no calumniosa grave.

Chicaiza precisó que el político ecuatoriano se dedicaba a vender «equipos de tecnología para interceptación de celulares, desde Colombia para el Ecuador».

«El señor Balda trató de acabar la democracia en el Ecuador, a través de sus reuniones clandestinas en Colombia». Según Chicaiza, este hombre tuvo contactos con el expresidente Álvaro Uribe y la senadora Paola Holguín.

Chicaiza en Argentina

Chicaiza ofreció la conferencia de prensa desde Argentina, donde se radicó recientemente, junto a Falcón, y pidió refugio.

Señaló que su marcha hasta ese país se debió a que en Ecuador ya había sufrido «tres atentados de bala» y uno de «accidente de tránsito», tras su salida de la prisión.

Alegó también que desde la Fiscalía se les amedrentaba y amenazaba con que se les iba a «implicar en otro caso, para neutralizar a un candidato» a las próximas elecciones de Ecuador, del cual no dio nombre.

Por este caso, hay una orden de prisión en contra de Correa. El juicio se encuentra suspendido, debido a que no se puede juzgar en ausencia. Al momento, además de estos exagentes de seguridad, fue sentenciado a nueve años de cárcel el exsecretario de la extinta Secretaría de Inteligencia de Ecuador (Senain) Pablo Romero, acusado de ordenar el presunto secuestro.